El Comunicado 05, emitido el 27 de febrero de 2025, subraya la relevancia de la Resolución C-072/25, donde la Corte Constitucional estableció la inexequibilidad diferida del artículo 68 de la Ley 2277/22. Esta ley concedía poderes excepcionales al Ejecutivo para implementar un nuevo sistema de sanciones y decomiso de bienes en el ámbito aduanero, lo que provocó interrogantes acerca del principio de reserva de ley y la función del Congreso en la formulación de regulaciones penales.
Impacto de la decisión
El fallo dicta que el Congreso de la República tiene hasta junio de 2026 para promulgar una nueva ley que establece el sistema de sanciones y el decomiso de bienes en el ámbito aduanero. El objetivo de la decisión es prevenir un vacío regulatorio que pueda impactar la administración aduanera y fiscal, garantizando que las sanciones y procedimientos pertinentes sean establecidos por medio de una ley oficial y no por medio de decretos del Ejecutivo.
Razones de la inexequibilidad
El tribunal determinó que la norma impugnada infringía el artículo 150 de la Constitución, que dicta que la emisión de códigos y regulaciones penales debe ser responsabilidad exclusiva del Congreso. Al otorgar al Ejecutivo poderes excepcionales para emitir leyes en este asunto, se violó el principio de reserva de ley y se impactó la distinción de poderes.
Además, el fallo rememoró que en resoluciones previas ya se había indicado la importancia de que estas regulaciones fueran supervisadas por el Congreso, previniendo delegaciones que pudieran poner en riesgo la seguridad legal y el control de la administración aduanera.
Implicaciones para el sector aduanero
La sentencia ejerce un efecto considerable en la normativa del comercio internacional y la supervisión de bienes. La declaratoria de inexequibilidad diferida permite que las leyes vigentes permanezcan en vigor hasta que el Congreso promueva una nueva legislación, previniendo un vacío legal que podría propiciar acciones delictivas en el comercio global.
Las compañías, los operadores de aduanas y la DIAN necesitarán mantenerse alerta a la progresión legislativa para acatar las futuras regulaciones. Es esencial que las normativas del sistema sancionatorio y de decomiso sean claras para asegurar una administración aduanera eficaz, transparente y en consonancia con los principios constitucionales.
Conclusión
La Resolución C-072/25 establece un precedente significativo en la normativa del comercio internacional en Colombia. El fallo de la Corte Constitucional reafirma la función del Congreso en la elaboración de regulaciones penales y asegura que cualquier alteración en el sistema aduanero se lleve a cabo en un marco jurídico robusto y que respete la separación de poderes. Si quieres obtener más información acerca de esta sentencia y su repercusión, te sugerimos que consultes el comunicado integral en la página web oficial de la Corte Constitucional.
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