La Comisión lanza una reforma del sistema de aduanas que busca tapar un agujero de 1.500 millones en impuestos.
El cual, por factores referentes a la capacidad de agresión de Rusia, Bruselas se vio en la obligación de alertar las graves carencias de los ejércitos europeos.
La Comisión Europea quiere asumir la coordinación del rearme de la UE para garantizar que la mayor inversión en defensa desde la II Guerra Mundial sea eficiente.
Por tal motivo la Comisión Europea ha realizado un inventario de las carencias de la inversión europea en defensa y el resultado del ejercicio, donde se revela una pavorosa situación de vulnerabilidad, especialmente en un escenario actual de guerra abierta como el provocado por Rusia. Dado este acontecimiento el organismo presidido por Ursula von der Leyen urge a los Gobiernos de los 27 Estados miembros a reforzar sus capacidades porque la agresión rusa contra Ucrania “ha deteriorado sustancialmente el panorama de seguridad en la Unión Europea”.
Las aduanas de la Unión Europea tienen graves carencias y, sobre todo, la necesidad de adaptarse a la revolución tecnológica. Para arreglar el problema, la Comisión Europea ha puesto sobre la mesa la reforma de un sistema montado hace 55 años, cuando el comercio electrónico no entraba ni en la imaginación del cine futurista. Bruselas busca solucionar las fallas que hacen que los europeos llegen a productos que no cumplen con los estándares sanitarios o medioambientales de la UE.
Una de las medidas planteadas es acabar con la exención arancelaria de los paquetes importados de menos de 150 euros, porque con la explosión del comercio electrónico se ha revelado como un agujero importante en la recaudación y una brecha para el fraude.
Aquel diagnóstico destapó esas graves carencias, entre ellas que la exención aduanera de las importaciones menores de 150 euros suponía una pérdida de unos 1.500 millones de euros haciendo una estimación prudente.
El Ejecutivo europeo ha añadido otro elemento: según la presentación que ha hecho este miércoles el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, hasta el 65% de paquetes de comercio electrónico entran “infravalorados” evitando así pagar el arancel. Con la medida, Bruselas cree que se podrán recaudar unos 1.000 millones al año que irán, principalmente, a financiar el presupuesto de la UE, ya que los aranceles son una de sus principales fuentes de ingresos.
Ahora lo que busca la Comisión es “armonizar y compatibilizar” la información, algo que “no es fácil”, ha admitido Gentiloni. No solo porque pudiera haber resistencias políticas, ha venido a decir, sino por las propias inercias de todas las administraciones. “Armonizar y hacer compatible nunca es fácil en la administración pública”, ha asumido el también ex primer ministro italiano.
Gracias a ese centro, explica Bruselas, habrá “información en tiempo real” sobre las mercancías que llegan. Se agiliza así la intervención en caso de que se detecte riesgo de fraude, incumplimiento de la normativa de seguridad o tráfico de productos prohibidos o restringidos, independientemente de cuál sea el punto de entrada de la Unión.
Aplicación gradual de la reforma
La aplicación de la reforma será muy gradual y empezará por el comercio electrónico, ya que ese centro de datos comenzará a funcionar en 2028 con la información referente a las compraventas por canales digitales. Se creará entonces la Autoridad de Aduanas de la UE, que será descentralizada y se surtirá de los recursos de los Estados miembro. Cuatro años después alcanzará al resto del sector, prevé la Comisión. No obstante, todo el proceso de implantación se prolongará hasta el 1 de enero de 2038.
Al agilizar el flujo de información, defiende Bruselas que se puede rebajar significativamente el tiempo y el coste que tienen que afrontar las empresas al cruzar las aduanas, ya que se pasa del sistema actual, basado en las declaraciones, a uno asentado en los datos. “Para unas cadenas de suministro transparentes y responsables, el papeleo y los trámites se reducen al mínimo y los derechos pueden pagarse periódicamente”, apunta uno de los comunicados publicados este jueves, que llega a cifrar en 2.700 millones el ahorro de costes con la reforma.
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