El 26 de enero de 2025 fue un día de intensa tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos, después de una serie de elecciones que ponían en peligro el inicio de una crisis comercial nunca antes vista. El rechazo inicial del gobierno de Colombia, encabezado por el presidente Gustavo Petro, a aceptar un vuelo con 160 colombianos deportados desencadenó severas represalias por parte del gobierno de Estados Unidos, liderado por Donald Trump.
La amenaza de las tarifas aduaneras
Como reacción a la resolución de Petro, el mandatario Trump proclamó la aplicación inmediata de un gravamen del 25% a las importaciones de Colombia. Esta acción afectaba directamente áreas fundamentales como el café, las flores y el carbón, amenazando miles de puestos de trabajo y creando dudas en el comercio bilateral. Además, las penalizaciones contemplaban limitaciones migratorias y económicas que impactaban a altos cargos del gobierno de Colombia.
"Estados Unidos no permitirá el incumplimiento de las regulaciones internacionales en relación con la deportación de inmigrantes ilícitos", proclamó Trump en un anuncio oficial, al tiempo que sostenía que la implementación de los aranceles era una acción imprescindible para salvaguardar la soberanía de su nación.
Intensas negociaciones
Conforme el día progresaba, la presión sobre el gobierno de Colombia se incrementaba. La ministra asignada a Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, junto al embajador Daniel García-Peña, mantenían vínculos fuertes con sus homólogos estadounidenses para prevenir la implementación de las medidas arancelarias.
Alrededor de las 10:00 p. m., después de un extenso día de conversaciones, la Casa Blanca confirmó que se había logrado un pacto. Colombia aceptó acoger a los deportados, incluyendo los vuelos en aeronaves militares de Estados Unidos, sin limitaciones ni retrasos. Por otro lado, los aranceles del 25% permanecieron suspendidos, siempre y cuando Colombia respete los términos pactados.
Evitación de un impacto económico
El comunicado fue acogido con consuelo por los sectores de producción de Colombia. "Un gravamen del 25% habría resultado devastador para nuestra economía", indicó un portavoz de la Federación Nacional de Cafeteros. "Este convenio facilita la estabilidad en nuestras exportaciones y protege miles de puestos de trabajo".
Sin embargo, el pacto igualmente dicta que las inspecciones intensificadas en las aduanas de Estados Unidos y las limitaciones de visa para funcionarios de Colombia continuarán en vigor hasta que se finalice el primer vuelo de deportación.
Declaraciones oficiales
El presidente Petro, en su declaración oficial, subrayó que la soberanía y la dignidad de los colombianos continúan siendo un asunto de prioridad. "Hemos asegurado un entorno digno para nuestros ciudadanos expulsados y prevenido un perjuicio irreparable a nuestra economía", declaró Petro. En cuanto al secretario de Prensa de la Casa Blanca, señaló que "Estados Unidos confía en que todos los países colaboren completamente en la aceptación de la deportación de sus ciudadanos" y aseguró que las penalizaciones solo se aplicarán si Colombia no respeta el pacto.
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